La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, llevada a cabo en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se esperaba que fuera un momento decisivo para reformular las normativas del sistema financiero global y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible culminó en un documento final que ha recibido críticas significativas por parte de organizaciones de la sociedad civil, las cuales señalan su falta de ambición, claridad y determinación política genuina.
El documento, conocido como «Compromiso de Sevilla», recibió el aval de la mayoría de las naciones asistentes, aunque careció del apoyo de ciertos países claves, como Estados Unidos, cuya falta de presencia influyó en el carácter de las discusiones. Según las organizaciones no gubernamentales, el texto no ofrece las soluciones necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni proporciona un estímulo efectivo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo declive pone en riesgo el aumento de la desigualdad a nivel mundial.
Durante los días previos al encuentro oficial, más de 1.500 representantes de organizaciones sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se consolidaron propuestas para una reforma integral del sistema económico global. Allí se insistió en la necesidad de establecer un mecanismo multilateral, independiente y jurídicamente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, que garantice la participación equitativa de países deudores y acreedores, evitando que los ajustes recaigan sistemáticamente sobre los más vulnerables. Sin embargo, el documento aprobado solo menciona, de manera vaga, la apertura de un proceso de debate dentro de la ONU sobre el tema, sin compromisos concretos ni plazos.
De acuerdo con portavoces de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas decisivas en esta cuestión. Más de 60 naciones actualmente asignan más del 10 % de su presupuesto gubernamental al pago de la deuda, sobrepasando lo que destinan a la salud y educación, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen poco claros, lentos y controlados por entidades con poca representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
A pesar de que varios especialistas subrayan el progreso en la iniciativa de aumentar tres veces la capacidad de crédito de los bancos multilaterales de desarrollo y el respaldo a proyectos fiscales globales, las entidades sociales afirman que estas acciones no son suficientes sin una reforma integral de las normas que regulan la economía mundial. Además, critican que numerosas naciones adineradas tienen un discurso contradictorio: prometen colaborar mientras reducen sus presupuestos y elevan su gasto en armamento.
La ausencia de Estados Unidos fue interpretada por algunos actores como una oportunidad para que otras potencias, como la Unión Europea o China, tomen la iniciativa en la reforma del sistema. Sin embargo, ese vacío también dejó sin uno de los principales financiadores y actores influyentes, lo que debilitó el alcance político del encuentro.
Las ONG coinciden en que la conferencia de Sevilla tuvo elementos positivos, como el reconocimiento de la necesidad de vincular el financiamiento al desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero critican la falta de herramientas concretas para garantizar su implementación. También reclaman que la participación de la sociedad civil sea más vinculante en futuros encuentros, y no solo testimonial.
Con la Agenda 2030 enfrentando desafíos y la deuda mundial en alza, la comunidad internacional veía en Sevilla una ocasión para ajustar las reglas del juego. No obstante, el desenlace generó más interrogantes que esclarecimientos. Para los activistas, el verdadero compromiso se evidencia no en discursos diplomáticos, sino en acciones políticas que redistribuyan los recursos, reconozcan las responsabilidades pasadas y aseguren a todas las naciones el derecho al desarrollo. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según los propios participantes, meras buenas intenciones sin efecto tangible.