El Parlamento de Guatemala no logró seleccionar a los directores principales y suplentes que formarán parte del directorio de la próxima Superintendencia de Competencia, una entidad esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en la nación. Aunque el tema estaba en el orden del día legislativo y se esperaba progresar en la elección de las autoridades, la reunión se terminó sin alcanzar consenso alguno.
Con este nuevo aplazamiento, suman ya varios intentos infructuosos por parte del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo que ha generado preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman transparencia, agilidad y responsabilidad institucional en el proceso.
El Parlamento posee la facultad de seleccionar a los cinco integrantes del consejo —tres titulares y dos suplentes— a partir de una lista de candidatos que fueron previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación, que realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. El listado definitivo incluye aspirantes con formación técnica en las áreas de economía, derecho y administración pública.
Aunque no se ha llegado a acuerdos entre los diferentes bloques, el progreso en la votación se ha visto obstaculizado. En la última sesión, varios legisladores salieron del pleno antes de que comenzara el debate, lo que resultó en la ausencia del quórum requerido para proceder con la elección.
La creación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma orientada a fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos de acceso a ciertos tratados comerciales. Este ente tendrá como funciones principales investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, vigilar los mercados y promover condiciones equitativas para los distintos actores económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha impedido que la entidad comience a operar. Mientras tanto, se acumulan quejas sobre potenciales abusos de poder en áreas estratégicas, lo que aumenta la urgencia de que la Superintendencia inicie sus actividades.
Diversas entidades del sector privado y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación debido a la paralización del proceso. Ellos creen que esta circunstancia no solo obstaculiza el uso de un instrumento crucial para incrementar la competitividad, sino que también proyecta mensajes negativos hacia los inversionistas y afecta la solidez de la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La normativa señala que el Congreso está obligado a seleccionar a los miembros del directorio con una mayoría calificada, lo que requiere un amplio consenso entre las distintas fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la constante ha sido la insuficiencia de votos, a pesar de que la lista de aspirantes ha estado accesible durante varios meses.
A medida que se prolonga la demora, se incrementan las presiones tanto nacionales como internacionales para que el Legislativo cumpla con su deber constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia comience a operar.
El país continúa sin una autoridad autónoma que vele por un entorno económico justo, dejando sin defensa efectiva a consumidores y pequeñas empresas frente a eventuales prácticas abusivas de grandes corporaciones. La situación se convierte en un reflejo de las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones clave, incluso en temas de interés general que podrían beneficiar ampliamente al desarrollo económico.
El desafío actual para los diputados es retomar el impulso legislativo y mostrar su dedicación hacia la renovación institucional. Elegir el directorio no solo implicaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.