En el contexto del debate sobre el presupuesto del gobierno y el aumento de la presión relacionada con la migración, el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una versión revisada del proyecto que incluye un gravamen sobre las remesas, estableciendo la tasa en un 1 % y restringiendo su aplicación solo a los envíos de dinero en efectivo al extranjero.
La iniciativa es parte de la legislación denominada “The One Big Beautiful Bill”, promovida por grupos conservadores dentro de un proyecto para financiar organismos de seguridad, especialmente los vinculados con el control de la migración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de versiones anteriores que contemplaban un impuesto del 5 % en todas las remesas, la versión aprobada en el Senado exime del cargo a las transferencias electrónicas realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por entidades estadounidenses.
De la propuesta inicial a una versión más acotada
La tasa sobre las remesas fue en un principio introducida como una acción general que impactaría todas las transferencias monetarias efectuadas por individuos que no poseen la ciudadanía de Estados Unidos. No obstante, las fuertes críticas de grupos migrantes, sectores de negocios y ciertos gobiernos de América Latina condujeron a reconsiderar la propuesta original.
La versión definitiva que ha sido autorizada conserva el enfoque de recaudar, pero con un ámbito más restringido. Solamente se impondrá un 1 % sobre el importe completo de las transferencias realizadas en efectivo —ya sea mediante compañías de envío o pagos en ventanilla— y entraría en vigor a partir del 31 de diciembre de este año. Los demás envíos, efectuados a través de sistemas bancarizados, estarán exentos.
Respuestas en América Latina
En naciones como México, que es el mayor receptor de remesas desde Estados Unidos, la noticia fue percibida con cierto alivio. Las autoridades informaron que se establecerá un sistema de devolución para sus connacionales en el extranjero que sean impactados por el impuesto, utilizando tarjetas especiales para monitorizar y compensar los pagos efectuados.
Legisladores de países centroamericanos también se pronunciaron sobre el tema, advirtiendo que medidas de este tipo afectan de manera desproporcionada a las familias más vulnerables, que en muchos casos dependen casi exclusivamente de las remesas para cubrir necesidades básicas. Además, argumentaron que estas transferencias ya provienen de ingresos sujetos a impuestos en Estados Unidos, por lo que gravarlas nuevamente podría interpretarse como una doble imposición.
Un elemento político fundamental
El impuesto fue incluido como parte de una estrategia más amplia enfocada en la seguridad nacional. La recaudación estimada será destinada al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y el financiamiento de operaciones de migración y deportación. Esta visión ha sido defendida por los sectores promotores del proyecto, quienes argumentan que es una manera justa de asignar recursos sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos estadounidenses.
No obstante, entidades que protegen los derechos de los migrantes han indicado que este tipo de acciones intenta desalentar el uso formal de remesas, impulsando a los individuos a optar por vías informales, las cuales resultan ser más caras y peligrosas. Además, han criticado el efecto económico en las naciones de origen, donde las remesas constituyen una de las más importantes fuentes de ingreso.
Consecuencias instantáneas y acciones futuras
Desde el punto de vista financiero, la implementación de este tributo coincide con una ligera disminución en la cantidad de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia América Latina. Basado en datos actualizados, los envíos han caído alrededor de un 4.5 % en comparación con el mismo periodo del año previo, una tendencia asociada tanto al endurecimiento de las políticas migratorias como al temor provocado por este tipo de legislación.
El proyecto de presupuesto debe ahora ser armonizado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras logran un consenso, pasará al Ejecutivo para su firma definitiva. En paralelo, varios países latinoamericanos ya preparan estrategias diplomáticas y financieras para mitigar los efectos del nuevo impuesto, mientras organizaciones de migrantes en Estados Unidos evalúan posibles acciones legales para impugnar la constitucionalidad de la medida.
Con esta resolución, el Senado abre un nuevo capítulo en la extensa y complicada relación entre las políticas migratorias, la economía internacional y los derechos de las comunidades de migrantes. Aunque más moderado que en sus primeras versiones, el impuesto sobre remesas en efectivo simboliza un mensaje político evidente y podría señalar el comienzo de una nueva etapa de regulación sobre el dinero que millones de individuos envían mensualmente a sus familias al otro lado de la frontera.