Con el inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá dio paso a la conformación de su nueva junta directiva y a la intervención del presidente del país ante el pleno, marcando el comienzo de una etapa de gobierno que, desde sus primeras acciones, se perfila como una apuesta al diálogo político y a la implementación de reformas clave.
Dana Castañeda fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional, respaldada por una coalición entre partidos tradicionales y representantes independientes. A ella se sumaron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La diversidad de fuerzas representadas en esta nueva directiva refleja una Asamblea fragmentada, sin mayorías absolutas, lo que exige una dinámica de consensos para la aprobación de leyes y reformas.
Durante su intervención ante el cuerpo legislativo, el presidente instó a todos los grupos políticos a superar las rivalidades y a colaborar por el bienestar del país. Destacó la importancia creciente del grupo de diputados independientes, que ahora cuentan con 20 escaños, y lo consideró un mensaje evidente de la población respaldando nuevas prácticas en el manejo gubernamental.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la situación de la Caja de Seguro Social (CSS). El mandatario adelantó que el gobierno impulsará una reforma estructural del sistema, con base en diagnósticos técnicos y diálogo con todos los sectores. Aseguró que no habrá imposiciones, pero sí urgencia en la toma de decisiones, y prometió transparencia en la presentación de los estados financieros del ente.
Otro asunto importante fue el cruce irregular por el Tapón del Darién. El presidente subrayó que la frontera meridional del país no se considerará meramente un corredor de paso, sino como una delimitación de soberanía nacional. Dio a conocer acciones específicas para gestionar el flujo migratorio, como la implementación de un sistema de repatriación que respetará los derechos humanos.
Sobre el tema del sistema financiero, el líder reafirmó su crítica a las listas discriminatorias en las que Panamá ha sido colocada por entidades internacionales. En respuesta, se informó la formación de una Comisión Nacional para la Protección del Sistema Financiero, que colaborará tanto con el sector público como el privado para salvaguardar la reputación del país y defender su marco jurídico a nivel internacional.
La situación económica también estuvo presente en el discurso presidencial. Se señaló que la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos cinco años, por lo que se adoptará una política de austeridad. Se proyecta una reestructuración del gasto, la eliminación de privilegios innecesarios y una reorientación del presupuesto hacia la inversión en infraestructura, generación de empleo y atención social.
En relación con la gobernabilidad, el mandatario propuso fortalecer la institucionalidad del Estado y acabar con la politización de las instituciones. Anunció auditorías en distintas dependencias públicas, con el objetivo de garantizar eficiencia y transparencia. También se comprometió a establecer un nuevo estilo de gobernar, basado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Finalmente, organizó una reunión pública con los sectores empresariales, sociales y gremiales más relevantes del país, comenzando el 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El propósito, señaló, es establecer un amplio consenso nacional que facilite abordar de manera coordinada los principales retos del país: la seguridad social, el desempleo, el crecimiento económico, la migración y la crisis de agua que influye en el Canal de Panamá.
Así arranca un nuevo periodo político, en el que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo están llamados a coincidir en objetivos comunes y responder a un contexto nacional que exige respuestas ágiles, diálogo amplio y compromiso con las reformas que la población reclama.