El desbalance fiscal empeoró nuevamente durante mayo, llegando al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el balance del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS) en el último año concluido. Este número indica un empeoramiento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el lapso móvil previo, lo que vuelve a alertar a las autoridades económicas en un momento crucial para la planificación del presupuesto del próximo mandato gubernamental.
El nuevo dato se inscribe en una tendencia que preocupa a la conducción económica, ya que limita el margen de maniobra para el diseño del próximo Presupuesto Nacional. Con una economía que muestra señales de estancamiento en algunos sectores y una presión creciente por parte de actores sociales y políticos que reclaman mayores recursos, el aumento del déficit fiscal pone en evidencia las dificultades para mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y demandas sociales.
De acuerdo al informe oficial, la caída del resultado fiscal se debe, principalmente, a una reducción de los ingresos corrientes tanto del Gobierno Central como del Banco de Previsión Social. En conjunto, los ingresos se situaron en el 27,1% del PBI, un retroceso de 0,2 puntos porcentuales respecto del período anterior. Esta baja se explica por un descenso del 0,1% del PBI en la recaudación del Gobierno Central y una disminución de igual magnitud en los ingresos del sistema previsional.
Aunque los ingresos de la Dirección General Impositiva (DGI) experimentaron un ligero aumento del 0,1% del Producto Bruto Interno, este crecimiento no fue suficiente para contrarrestar la disminución general. La disposición de los ingresos continúa revelando debilidades, especialmente debido a la carencia de actividad en algunos sectores económicos que afectan directamente la recaudación de impuestos.
En paralelo, los egresos primarios del GC-BPS aumentaron y se ubicaron en 28,2% del PBI, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales. Este crecimiento se explica por un mayor nivel de transferencias tanto del Banco de Previsión Social como del Gobierno Central, y por un aumento en el gasto de inversiones de este último. Estos gastos, si bien responden a políticas públicas y compromisos sociales, contribuyen a ampliar la brecha fiscal.
En lo que refiere al pago de intereses de deuda, estos se mantuvieron estables en 2,5% del PBI, sin variaciones respecto al mes anterior. Este factor no influyó en el deterioro del resultado fiscal, aunque sí continúa representando una carga significativa para las cuentas públicas.
Por otra parte, los resultados del Banco Central del Uruguay (BCU) evidenciaron una ligera mejoría, alcanzando el -0,9% del PIB, debido a una disminución en los intereses pagados. No obstante, el resultado total del Sector Público consolidado (que abarca todas las entidades estatales) se situó en -3,8% del PIB, indicando un empeoramiento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la cifra de abril.
El ámbito impositivo pone a prueba los propósitos del gobierno, que había expresado su deseo de conservar el control sobre el déficit como parte de una táctica de estabilidad macroeconómica. No obstante, las limitaciones financieras, junto con las necesidades sociales y las esperanzas puestas en el nuevo ciclo de administración, complican lograr este objetivo sin acudir a ajustes o cambios estructurales.
Este contexto vuelve a encender las alarmas en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas. La postergación de decisiones clave, como la reforma de algunas cajas previsionales —entre ellas la de profesionales— también podría tener un impacto negativo en los próximos meses, aumentando las tensiones fiscales.
La circunstancia fuerza al equipo económico a reevaluar las previsiones y considerar ajustes en la planificación financiera. Con la Rendición de Cuentas acercándose y un contexto regional complicado, los números de mayo representan un cambio crucial en la estrategia fiscal del gobierno, el cual tendrá que optar por seguir la misma dirección o modificar el curso.