La creciente presión económica llevó a los gobernadores de todas las provincias argentinas a protagonizar una acción coordinada sin precedentes en lo que va del actual mandato presidencial. En una reunión clave, los 24 mandatarios provinciales se alinearon para reclamar una reestructuración en la distribución de recursos nacionales y proponer medidas concretas que alivien la crisis financiera que atraviesan sus distritos. Esta convergencia inesperada de intereses políticos, tanto de oficialismo como de oposición, resalta la gravedad de la situación y marca un hito en las relaciones entre Nación y provincias.
El punto de partida de este consenso fue la preocupación compartida por la caída sostenida de los ingresos provinciales desde fines de 2023, producto de una combinación de factores como el ajuste fiscal nacional, la paralización de obras públicas y la drástica reducción de transferencias no automáticas. Según estimaciones provinciales, entre noviembre de ese año y mayo de 2025, dejaron de ingresar cerca de 30 billones de pesos. La cifra incluye pérdidas por coparticipación, fondos discrecionales y recursos no ejecutados que solían destinarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fideicomisos financiados mediante el gravamen a los combustibles, los cuales estaban planificados inicialmente para proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos a la masa coparticipable, otorgando a las provincias la capacidad de decidir su utilización sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Simultáneamente, se busca una repartición justa del sobrante de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente controla el Ejecutivo, utilizando criterios comparables a los de la distribución primaria y secundaria.
Uno de los argumentos centrales de los líderes es que no están pidiendo más dinero, sino solo obtener lo que ya les pertenece. Afirman que estos fondos ayudarían a equilibrar las finanzas de las provincias sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como una de sus metas principales. Asimismo, destacan que si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son herramientas ineficaces o susceptibles a influencias políticas, entonces no hay motivos para oponerse a su eliminación.
El movimiento generó respuestas en la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo se adelantó que se planteará una propuesta alternativa, con la condición de no modificar el equilibrio fiscal. Sin embargo, se destacó que los fondos fiduciarios tienen un propósito específico: el cuidado de carreteras nacionales, y su eliminación debería asegurar que esos recursos no se aparten de su objetivo original.
El enfrentamiento entre las provincias y la Nación no es reciente. Hace unas semanas, la retención de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de protestas regionales y acciones legales. La provincia patagónica consiguió el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que ahora se manifiesta en esta nueva iniciativa legislativa. La disputa alcanzó niveles que involucraron acusaciones penales mutuas, evidenciando la creciente fricción entre el federalismo de las provincias y el centralismo en cuestiones fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones desempeñó el papel de mediador en las reuniones y en la elaboración del proyecto. Durante las sesiones de trabajo, los gobernadores decidieron avanzar de manera institucional y coordinada. El acuerdo logrado no solo responde a una situación económica agobiante, sino que también representa un mensaje político definido: el federalismo demanda una reestructuración de la relación financiera con el Estado nacional.
Por encima de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre la distribución del poder entre las provincias y el gobierno nacional. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas conjuntas y progresar en iniciativas legislativas unificadas podría señalar el comienzo de un período donde las provincias asuman un papel más importante en la política nacional. El gobierno central, a su vez, tendrá que optar entre ceder ante esta presión en conjunto o fortalecer su enfoque en la gestión del presupuesto.
En un escenario de mayor debilidad institucional y agotamiento político, este enfoque federalista inicia una fase diferente de diálogos, tensiones y reconfiguraciones. El desenlace de esta disputa será crucial para trazar los futuros episodios de la relación entre el poder central y los gobiernos regionales, así como para entender cuánto tiempo el equilibrio fiscal puede sostenerse sin ignorar las necesidades sociales y económicas en el interior del país.